La España de las Autonomías y la Comunidad de Madrid

Aprovechando la celebración del 42º aniversario de la Constitución Española, del pasado 6 de diciembre, vamos a dedicar el presente artículo sobre uno de los aspectos menos conocidos de la historia de España: el ordenamiento territorial del Estado. Que tuvo su inicio tras la llegada de la II República (1931-1939) y que culminó durante la Transición.

La Constitución de 1931 no recogía entre sus artículos la creación de una estructura regional, sin embargo, la posibilitaba. Sus consecuencias directas fueron la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en septiembre de 1932 y los Estatutos vascos y gallegos que entraron en vigor en 1936. La derrota republicana supuso el retorno al régimen anterior, es decir, la vuelta al sistema provincial y a las diputaciones. No obstante, existían 14 regiones históricas, tal y como demuestran los libros de texto de esta etapa: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Valencia, Cataluña, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Vascongadas y  Murcia (incluía Albacete).

Entre los años 1977 y 1983 se configuró el actual ordenamiento territorial del Estado, un Estado descentralizado articulado según el artículo 143 y 144 en 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas. Sin embargo, no todas las autonomías se formaron de la misma forma ni en el mismo momento:

  • 12 de ellas tenían una entidad regional histórica.
  • Las 5 restantes surgen de dos unidades territoriales sin conciencia regional, fracturada por los provincialismos: Las dos Castillas.

La necesidad de grandes pactos durante los primeros años de la democracia obligó a dibujar un mapa autonómico en virtud de los nuevos partidos y apetitos políticos.

Buen ejemplo de esta situación es la división de las antiguas Castillas, que fueron un verdadero quebradero de cabeza para los gobiernos de la UCD y PSOE. Finalmente, se decidió dividir en cinco Comunidades Autónomas. El desacuerdo de los cántabros y riojanos a su incorporación a la adscripción histórica de Castilla, ocasionó la creación de dos comunidades uniprovinciales, provocando además el enfado de las provincias de León o Segovia, que desde un punto de vista histórico tenían una mayor justificación para su separación y sin embargo, fueron obligadas a incorporarse a la Comunidad de Castilla y León.

La Comunidad de Castilla-La Mancha tuvo un origen ecléctico, apoyado en una base histórica (Castilla la Nueva), geográfica (Submeseta Sur) y económica (atraso y dependencia) a la que se incorporó Albacete, que hasta ese momento había pertenecido a Murcia.

El caso de la Comunidad de Madrid es un caso singular, constituida como comunidad uniprovincial por el rechazo de otras comunidades y de la singularidad geográfica del hecho capitalino.